La demanda Perera v. NIH alega que la terminación de subvenciones infringen las protecciones de la Primera Enmienda y la ACA contra la discriminación.
La terminación abrupta por parte del NIH de las subvenciones para investigación traslacional a los Dres. Minoli Perera y Melissa Simon—dos investigadores líderes en farmacogenómica—ha desatado un enfrentamiento constitucional sobre la discriminación por puntos de vista en la financiación federal de la ciencia. La demanda, presentada en un tribunal federal de Maryland, alega que el NIH violó la Primera Enmienda, la Quinta Enmienda y la Sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio al retirar el financiamiento de investigaciones sobre disparidades de salud racial y étnica después de que los investigadores criticaran públicamente los criterios de financiación del NIH. Lo que está en juego: si el gobierno puede condicionar el financiamiento de la investigación biomédica al cumplimiento de estándares políticos o ideológicos sin contravenir las protecciones constitucionales y legales contra la discriminación.
La Política de Terminación de Subvenciones del NIH y la Demanda
El NIH emitió una declaración de política requiriendo que todos los solicitantes de subvenciones certifiquen que su investigación está alineada con la misión y los valores de la agencia. Los Dres. Perera y Simon, cuyo trabajo se centra en las diferencias farmacogenómicas en la respuesta a medicamentos entre minorías raciales y étnicas, desafiaron la política en un artículo de opinión en Nature Medicine, argumentando que socava la equidad en salud. Poco después, el NIH terminó sus subvenciones citando incumplimiento. La agencia no proporcionó aviso previo a la terminación ni una oportunidad para subsanar. Las terminaciones siguieron a acciones de retiro de fondos contra investigadores en otras áreas que el NIH considera ideológicamente desalineadas.
La Reclamación de la Primera Enmienda: Discriminación por Puntos de Vista en el Financiamiento Gubernamental de la Investigación Científica
Los demandantes alegan que la terminación por parte del NIH de sus subvenciones constituye una discriminación por puntos de vista inadmisible bajo la Primera Enmienda, argumentando lo siguiente:
- La política del NIH no es neutral en cuanto a puntos de vista—desfavorece investigaciones que reconocen mientras favorece investigaciones alineadas con ciertas prioridades políticas.
- Los precedentes de la Corte Suprema prohíben que el gobierno niegue financiamiento basado en el contenido ideológico del discurso.
- La aplicación selectiva del NIH sugiere represalias por discurso protegido, lo cual es cuestionable según precedentes (Pickering v. Board of Education, 391 U.S. 563 (1968)).
La defensa probable del NIH podría involucrar la doctrina del discurso gubernamental, argumentando que la investigación financiada por el NIH está bajo su control de mensajes.
Pregunta abierta: ¿La investigación científica se asemeja más al discurso gubernamental (permitiendo restricciones por puntos de vista) o al discurso privado (prohibiéndolas)?
Este caso tiene amplias implicaciones para el papel del gobierno en moldear la investigación científica. El alivio solicitado incluye la reinstauración de las subvenciones terminadas y una declaración de que la política del NIH viola las protecciones constitucionales y legales federales contra la discriminación. Más ampliamente, la demanda desafía la capacidad del NIH de condicionar el financiamiento de la investigación en su percepción subjetiva de alineación ideológica con su misión, con posibles efectos disuasorios sobre la libertad académica y la innovación en la investigación científica.
Los demandados, incluyendo al NIH y funcionarios de alto rango del Departamento de Salud y Servicios Humanos, deben responder a la demanda o presentar mociones preliminares en las próximas semanas. Es probable que el tribunal necesite tratar no solo las barreras a la discriminación por puntos de vista en la financiación de la investigación, sino también evaluar el papel de las configuraciones de prioridades gubernamentales frente a las protecciones constitucionales.
David Brunk es un abogado de litigios civiles. Puede ser contactado en david@newmanbrunk.com.
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